Por Orlando Mancini
Ayer defendí a esos padres en esta columna sin una sola reserva, y lo que escribí sigue en pie: dos fotógrafos no rondan el perímetro de una escuela primaria, y quien lo haga merece el reproche de su propio oficio. Lo que ayer no sabíamos es lo que vino después. Que ese mismo episodio, idéntico, acabó remitido, según la prensa británica, al Ravec, el comité dependiente del Ministerio del Interior que está decidiendo ahora mismo si se destina dinero público a proteger a esa familia. El especialista en seguridad Paul Lewis, con más de veinte años al frente de dispositivos para la realeza y grandes fortunas, calculó en The Telegraph que esa protección podría costar hasta doce millones de libras al año.
Y con eso encima de la mesa, el cuadro cambia. No les diré que no.
Porque una cosa es un padre indignado y otra es un anexo. El lunes hubo un problema real; a mitad de semana ese problema ya estaba trabajando como argumento dentro de un trámite administrativo. Son dos hechos distintos y los dos son verdad al mismo tiempo, que es la clase de incomodidad que esta columna tiene la obligación de sostener.
Dai Davies, que dirigió en Scotland Yard la unidad de protección de la Familia Real, lo dijo sin circunloquios a The Sun el 1 de octubre: los paparazzi no constituyen un incidente de seguridad, sino algo perfectamente previsible dado el perfil público de esa familia, y un equipo competente lo resuelve con facilidad. Añadió que no existe comparación posible con lo de Fairford, calificando esa equiparación de casi desvergonzada y, a la vez, ridícula, y terminó esperando que el comité no se deje influir.
He visto trabajar a esos oficiales en una línea de público, y lo que uno recuerda no es su corpulencia, sino su mirada: no miran las caras, miran las manos. En medio segundo distinguen una cámara de cualquier otra cosa, porque llevan veinte años entrenándose exactamente para eso. De ahí que esa voz pese. No opina desde un sofá: describe su oficio.
Y la comparación con Fairford es, a mi juicio, lo más grave del expediente. Allí, en la madrugada del 27 al 28 de septiembre, hubo cinco detenidos de entre 23 y 25 años, tres furgonetas sospechosas que se dirigían hacia la base, un robot de desactivación de explosivos, unas 85 viviendas evacuadas en Whelford y la policía antiterrorista al frente de la investigación, junto a la base desde la que han operado bombarderos estadounidenses B-1 y B-2. Aquí hay dos fotógrafos y una furgoneta de alquiler buscando la imagen de dos niños famosos. Ambas cosas están mal, y lo del lunes seguirá estándolo mañana. Pero juntarlas en el mismo párrafo para que una preste gravedad a la otra tiene un nombre preciso en mi profesión: inflar.
Robert Jobson, autor de varias biografías de la Familia Real, ha ido más lejos en declaraciones a Page Six, sosteniendo que la gestión de estos episodios responde a una estrategia calculada y cínica para que el público termine pagando su seguridad. No entraré en intenciones, que es terreno de adivinos. Diré algo más modesto y más verificable: es eficaz. Funciona precisamente porque nadie quiere ser quien discute la seguridad de los hijos de otro. Yo tampoco quiero ese papel. Y alguien tiene que ocuparlo.
El asunto ocupó el episodio del 30 de septiembre de Royal Exclusive, el pódcast de The Sun que conduce su editor de realeza, Matt Wilkinson, con Ingrid Seward y Cameron Walker como invitados. El titular del programa —pérdida de tiempo policial, susto paranoico— va bastante más lejos de lo que yo iría: nadie puede llamar paranoico a un padre por inquietarse cuando dos desconocidos rodean el colegio de sus hijos. Comparto, en cambio, la pregunta que deja ese titular: si lo ocurrido en el colegio justificaba algo más que la intervención de su propia seguridad, y por qué terminó en un expediente.
Tres detalles que no encajan del todo con el relato.
El primero lo expliqué ayer y hoy se vuelve contra el propio argumento: la cláusula 6 del Código de Editores que aplica el regulador de prensa IPSO establece que los alumnos no deben ser abordados ni fotografiados en el colegio sin permiso del centro. De modo que la pregunta pertinente es qué iba a ocurrir exactamente con esas fotografías en este país, donde no podían aparecer.
El segundo es el historial. En mayo de 2023 la pareja denunció en Nueva York una persecución automovilística de dos horas que calificó de casi catastrófica, y tanto la policía de Nueva York como Sukhcharan Singh, el taxista que los llevó durante parte del trayecto, rebajaron después aquella versión. El conductor. El que iba al volante.
El tercero es el que más me cuesta encajar. Mientras se denuncia una intrusión intolerable en la intimidad familiar, esa misma familia ha compartido en sus redes, en los últimos meses, fotografías de sus hijos, y la duquesa ha aparecido en imágenes tomadas en los Cotswolds que circularon ampliamente. Tienen todo el derecho a compartir lo que quieran, por supuesto. Lo que no funciona es la privacidad entendida como un grifo: abierto cuando conviene a la marca, cerrado cuando conviene al expediente.
Y existe la prueba de que esto puede hacerse de otro modo, porque se hizo el año pasado.
Los príncipes de Gales ganaron, en una resolución conocida a finales de octubre de 2025, una demanda por violación de la intimidad contra la revista francesa Paris Match, por fotografías de paparazzi tomadas durante unas vacaciones familiares de esquí en las que aparecían sus hijos. Y conviene detenerse en el detalle jurídico, porque fuera de estas islas no se comprende y explica por qué aquello funcionó: el derecho francés protege la imagen y la vida privada mediante un artículo de su Código Civil que concede reparación de manera casi automática, mientras que el derecho inglés carece de un delito de intromisión como tal y obliga a construir cada caso por la vía del uso indebido de información privada, con resultados bastante más inciertos. Francia, en materia de intimidad, es el terreno que gana. Y lo demás fue silencio: ni comunicado incendiario, ni comparación con amenaza terrorista alguna, ni petición de fondos a nadie. Fueron a un tribunal, pelearon, ganaron y se callaron.
Esa es la diferencia entre proteger a los tuyos y hacer campaña, y el ejemplo estaba a mano.
Y por si alguien cree que esa discreción es una invención reciente, el precedente es de 1974. En pleno Mall, el 20 de marzo de 1974, Ian Ball intentó secuestrar a la princesa Ana e hirió de bala a cuatro personas, entre ellas a su escolta, el inspector James Beaton, y al periodista Brian McConnell, que pasaba por allí. Ella se negó a bajar del coche. La parte instructiva es lo que vino después: el dispositivo de protección real se revisó de arriba abajo en absoluto silencio, y aquella mujer ha atravesado cincuenta años de vida pública sin discutir jamás su seguridad en voz alta. Un intento de secuestro con disparos produjo un procedimiento; dos fotógrafos han producido un comunicado.
Apostaría a que el siguiente movimiento no será otra nota de prensa, sino un tribunal. La vía administrativa tiene techo y acaban de tocarlo; la judicial sigue intacta y es la que de verdad asusta a una agencia. Y me atrevo a precisar el objetivo: no será el Estado, será una agencia fotográfica. El día que lo hagan, y lo hagan en silencio, tendrán mi respaldo sin la mitad que hoy les falta.
Porque el hilo que une toda la jornada es ese y no otro. Un comunicado que invoca el terrorismo para hablar de dos cámaras. Una exigencia de intimidad que convive con fotografías publicadas por voluntad propia. Y un episodio escolar que termina trabajando de argumento en un trámite millonario.
Ayer les di la razón en una cosa y la mantengo íntegra. Hoy les digo la otra mitad, y la mantengo igual. Las dos caben en la misma columna, y quien solo pueda sostener una de las dos no está analizando: está militando.
AL MARGEN
Una noticia pequeña que dice bastante. Las cuentas del ejercicio 2025 de Travalyst, la organización sin ánimo de lucro que el duque fundó en 2019 para hacer más sostenible el turismo mundial, están publicadas y registran unas pérdidas de trece mil quinientas cuarenta y dos libras, frente al beneficio del año anterior y un saldo de caja de ciento treinta y ocho mil. Un portavoz lo ha explicado como una pérdida planificada y menor, propia de una entidad con recursos limitados que invierte de cara al futuro. Lo acepto sin reservas: trece mil libras no hunden a nadie y una organización así no existe para generar beneficio. Añádase, eso sí, el contexto: su directora ejecutiva, Sally Davey, anunció su salida en agosto del año pasado tras cinco años en el cargo, y el fundador de una entidad consagrada al turismo sostenible ha reconocido públicamente que utiliza aviones privados. Nadie es perfecto, cierto. Pero sí puede exigirse que el discurso y la factura apunten en la misma dirección.
