Por Orlando Mancini
Rectificar en público tiene pésima prensa y peor rentabilidad: uno queda como veleta ante quienes coincidían y como oportunista ante quienes no. Aun así, hoy toca. Durante años sostuve en esta columna que quien renuncia a las funciones renuncia también a la protección del Estado. Lo mantengo como principio. Y he concluido que este caso concreto exige una excepción.
Antes de que nadie lo celebre, fijemos lo que no ha cambiado ni un milímetro. El contribuyente no está obligado a costear a perpetuidad la escolta de quien se marchó por voluntad propia. Y buena parte del peligro que hoy corre ese hombre se la fabricó él solo: en sus memorias de 2023 publicó una cifra —veinticinco— que nadie le pidió y que ningún oficial de operaciones especiales pone jamás por escrito. Ese silencio profesional tiene una finalidad de una sencillez brutal: seguir vivo. Con aquel número dejó de ser un piloto entre miles y pasó a ser un nombre con contabilidad propia en las listas de quienes llevan veinte años buscando exactamente eso. Encendió él la mecha; que conste en acta.
Ahora bien, discutir de quién es la culpa del riesgo y fingir que el riesgo no existe son ejercicios distintos, y solo el primero es honesto.
Quien dirigió la policía antiterrorista de este país hasta 2022, y que además ocupó asiento en el comité que decide estas cosas, ha explicado esta semana que en 2019 el duque figuraba entre las poquísimas personas que requerían el paquete completo de protección, y que hoy sigue sin ver por dónde se habría reducido esa amenaza. Sus unidades investigaron amenazas de muerte de la extrema derecha; dos de aquellos condenados cumplieron siete años y andarán ya en la calle. La evaluación encargada por el Ministerio del Interior, cuarenta páginas, documenta seis complots: cinco nacieron aquí, y al menos cuatro implicados están libres y sin paradero conocido.
Con ese expediente sobre la mesa, llamarlo ciudadano corriente resulta insostenible. Es el quinto en la línea de sucesión, es duque, es reconocible en cualquier calle del planeta y es un veterano que publicó su cuenta de bajas. Caiga bien o caiga fatal, no hay otro igual.
Conviene explicar aquí cómo funciona esto realmente, porque fuera de estas islas apenas se entiende. No hay juez que reparta escoltas ni ministro que las firme. Existe el RAVEC, un comité alojado en el Ministerio del Interior, con presidencia independiente y representantes de la policía metropolitana, del Gobierno y de la Casa Real, que decide caso por caso. Ese presidente escucha al ministro del Interior; el ministro, al primer ministro; y el primer ministro despacha cada semana con el jefe del Estado. No insinúo nada: describo la cadena y dejo que cada cual la recorra hasta el final.
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Hay un segundo mecanismo, menos conocido y más importante. El duque ofreció pagar cinco millones de libras de su bolsillo y se le dijo que no. Buena parte del público lo tomó por mezquindad, y se equivoca de plano: un Estado no puede vender protección policial armada a un particular, ni a un duque, ni a un oligarca, ni a un delantero centro. Aceptada la primera chequera, el monopolio de la fuerza deja de ser prerrogativa soberana y pasa a ser tarifa. Quienes bloquearon aquella oferta acertaron.
La trampa se cierra entonces con precisión casi literaria: no puede recibirla gratis porque ya no ejerce, no puede comprarla porque no está en venta, y su equipo privado no puede ir armado porque la ley británica —sabiamente— lo prohíbe.
Mi posición, con todas las letras: ninguna financiación indefinida y ningún derecho hereditario extensible a cualquier pariente inactivo, pero sí una excepción acotada y revisable para actos anunciados, desplazamientos previsibles y perímetro escolar, con respuesta armada donde el análisis lo justifique. No por afecto, que en mi caso escasea, sino por aritmética: se ha señalado con razón que habría salido más barato concederlo que sostener este carrusel de informes, revisiones y tribunales. Todo el teatro montado para ahorrar, y va camino de costar más.
Falta el argumento decisivo, que no es jurídico sino institucional. Esta Casa ya sabe qué ocurre cuando alguien de la familia queda fuera del perímetro protegido: en agosto de 1979, un primo del Soberano, retirado de la primera línea y de vacaciones en la costa irlandesa, murió con dos niños a bordo de su barca porque el riesgo de aquel rincón se había juzgado razonable. Nadie recuerda hoy qué criterio firmó qué comité. Todo el mundo recuerda el ataúd.
Imaginen el equivalente contemporáneo, con un informe de cuarenta páginas, seis complots y cuatro individuos ilocalizados de por medio. Eso no caería sobre un formulario ni sobre un funcionario: caería sobre la Corona, y sobre un padre de setenta y siete años que hace nada recuperó el té con sus nietos tras cuatro años sin verlos. De un titular así, una monarquía no se repone en una generación.
Y lo prosaico también cuenta. El domicilio de los Cotswolds acabará sabiéndose, porque siempre se sabe, y un colegio significa horarios fijos, rutas fijas y puertas fijas, es decir, todo lo que un servicio de protección detesta.
Aventuro un pronóstico: el comité terminará concediendo cobertura por eventos sin anunciarlo jamás como concesión, presentada como decisión operativa caso por caso y redactada para no dejar precedente escrito. Nadie quiere firmar un cambio de doctrina; y menos aún quiere nadie firmar la negativa que aparecería citada en la investigación posterior.
Sigo creyendo que aquella cifra nunca debió imprimirse, y que la coherencia de esta pareja es, por decirlo con cortesía, elástica. Pero el riesgo no consulta simpatías, está documentado, y no se disuelve porque el protagonista nos resulte antipático.
AL MARGEN
Queda pendiente noviembre. Se cuenta que el duque desea conmemorar el Día del Recuerdo en su país por primera vez desde 2020, que no figuraría entre los invitados al Cenotafio y que su alternativa sería el Arboreto Nacional de Staffordshire. Quienes hemos madrugado alguna vez en Whitehall sabemos que allí nada se improvisa: el orden de las coronas, la distancia entre ellas y el segundo exacto de cada ofrenda se deciden con meses de antelación y se ensayan. Una ausencia, por tanto, nunca es un olvido: es una decisión tomada en primavera.
