Por Orlando Mancini
Cinco millones de libras al año. Ésa es, si las cifras que circulan estos días por Londres se acercan siquiera a la verdad, la etiqueta de precio de la nueva tranquilidad de los duques de Sussex. Y conviene señalarlo con serenidad, antes de que el ruido lo impida: la factura no llegará al domicilio de quien tomó la decisión.
Hace poco más de un año, el duque declaraba que no era capaz de concebir un escenario en el que resultara seguro traer a su mujer y a sus hijos a Gran Bretaña. Llegó a sugerir que la retirada de su protección formaba parte de una maniobra para forzar su regreso. Pues bien: aquí está el regreso, con casa a las afueras de Londres y los niños matriculados para septiembre.
No es el cambio de idea lo que incomoda —cualquiera puede rectificar—, sino lo que ese cambio implica hacia atrás. O el peligro nunca tuvo las dimensiones que se le atribuyeron, o las tiene y se ha decidido ignorarlas. Ninguna de las dos lecturas resulta especialmente favorecedora, y ambas se sostienen sobre tres años y medio de litigio que terminaron en derrota sin matices.
Mientras tanto, hay nueve exprimeros ministros de este país esperando turno para que se evalúe su protección. Nueve personas que gobernaron el Reino Unido, en una cola administrativa. Un Estado serio asigna escoltas según la amenaza, no según la notoriedad ni el volumen del agravio; y si esa cola existe, no parece razonable que alguien llegue el último y entre el primero.
Queda la vía privada, que en la práctica no es vía. La legislación británica es de una firmeza admirable en este punto: ningún guardia contratado podría ir armado, ni siquiera con gas pimienta o dispositivos eléctricos. Es decir, que la aritmética vuelve a doblarse, mansamente, hacia el contribuyente. Y aquí es donde uno se permite recordar lo evidente: el deber y la protección son las dos mitades de un mismo contrato. Nadie puede devolver la mitad que pesa y conservar la que abriga.
Downing Street, por su parte, ha resuelto el asunto llamándolo privado y deseando lo mejor a la pareja. Encantador. Pero lo privado dejó de serlo en el instante en que apareció una cifra con seis ceros y un presupuesto público detrás. El silencio del Gobierno no protege a los Sussex; sencillamente aplaza la conversación hasta que sea imposible tenerla con educación.
A todo ello se suma un revés que habla por sí solo. La demanda del duque contra la editora del Daily Mail, sostenida junto a otras seis figuras públicas, fue desestimada íntegramente tras once semanas de juicio. El magistrado calificó las reclamaciones de especulativas y la conducta del grupo de sumamente irrazonable, subrayando que se mantuvieron acusaciones de criminalidad grave que jamás llegaron a probarse. El primer pago a cuenta supera los nueve millones y medio de libras; la exposición total podría acercarse a los treinta y cuatro, con un seguro que no alcanza ni para la mitad. Cuando se utilizan los tribunales como escenario, existe siempre el riesgo de que el escenario devuelva una crítica.
Y luego está Highgrove. Padre, hijo, nuera y nietos, una tarde entera juntos el mes pasado, y ni una sílaba sobre una mudanza que llevaba meses cociéndose. El Rey se enteró tres días antes de que lo supiera el resto del mundo. Puede discutirse todo lo demás —las cifras, los seguros, los comunicados—, pero eso no es un desacuerdo institucional: es una descortesía doméstica. Y las descortesías domésticas son las que dejan cicatriz. Que el duque de Cambridge y su hermano apenas hayan coincidido desde 2020 sugiere que esa lección todavía no se ha aprendido.
Se nos anuncia que no habrá papeles híbridos ni retorno a la vida oficial. Me parece lo correcto, y sospecho que también un alivio para el Palacio. Aunque uno observa que la marca de la duquesa se instalará igualmente en suelo británico, donde el título vale, casualmente, bastante más que al otro lado del Atlántico.
Nadie sensato desea que este regreso fracase. Yo el primero. Pero volver no es lo mismo que pertenecer, y una casa no es un domicilio: es un conjunto de obligaciones que uno acepta sin pedir factura. Mientras esa distinción siga sin entenderse, los Sussex habrán cambiado de dirección postal sin haber llegado todavía a ninguna parte.
