Hay escándalos que se disipan con el tiempo y otros que, como una grieta mal sellada, terminan por ensancharse. El caso Epstein pertenece sin duda a la segunda categoría. Y ahora, con la policía británica reabriendo líneas de investigación y exigiendo acceso total a archivos sin censura, la pregunta ya no es qué ocurrió… sino quién sabía qué, y cuándo.
Lo que en su día se intentó encapsular como un episodio incómodo pero contenido vuelve a adquirir dimensiones peligrosamente amplias. El comisario de la Policía Metropolitana, Sir Mark Rowley, ha sido inusualmente claro: se está evaluando una “amplia gama de acusaciones de índole sexual” vinculadas a Jeffrey Epstein. No es una frase menor. Es, en términos policiales, una puerta abierta a múltiples líneas de investigación que podrían escalar rápidamente.
Pero lo verdaderamente revelador no es solo el alcance de esas denuncias, sino el énfasis en algo mucho más delicado: el acceso a pruebas sin censura procedentes de Estados Unidos. En otras palabras, lo que Londres necesita no es una versión filtrada, sino el material original, íntegro, sin ediciones. Porque en ese matiz —en lo que se ha omitido o protegido— podría residir la clave de todo.
En el centro de esta red reaparecen dos figuras tan distintas como incómodamente conectadas: el ex príncipe Andrew y Peter Mandelson. Ambos niegan categóricamente cualquier irregularidad. Sin embargo, la insistencia de múltiples cuerpos policiales —desde Thames Valley hasta Norfolk— en revisar millones de páginas de documentos sugiere que la historia dista mucho de haber sido aclarada.
Uno de los puntos más sensibles gira en torno al posible intercambio de información confidencial. La Policía del Valle del Támesis (Thames Valley Police) abrió una investigación por presunta conducta indebida en un cargo público relacionada con su etapa como enviado comercial (2001-2011), y en febrero lo detuvo. Andrew niega cualquier irregularidad y, al cierre de esta columna, no ha sido acusado formalmente. Si se confirmara, no estaríamos únicamente ante un problema reputacional, sino ante una potencial vulneración de los protocolos más básicos del Estado.
El caso Mandelson, por su parte, añade otra capa de complejidad política. Su caída —dimisión, salida de la Cámara de los Lores y presión directa sobre Downing Street— no parece haber sido suficiente para contener el daño. Al contrario, ha alimentado la sospecha de que hubo advertencias previas que simplemente no se quisieron escuchar. Informes internos, señales de alerta, decisiones cuestionadas… todo ello compone un retrato incómodo de cómo el poder gestiona sus propios riesgos.
Quien quiera entender por qué este archivo no se cierra tiene una lectura obligada: Entitled: The Rise and Fall of the House of York, de Andrew Lownie (HarperCollins, agosto de 2025). Lownie, biógrafo de los Mountbatten y del duque de Windsor, sostiene que la relación de Andrés con Epstein empezó antes y fue bastante más frecuente de lo que el propio príncipe admitió, y reconstruye su etapa como enviado comercial con un detalle que incomoda. No todo el libro está igual de bien apuntalado —hubo reseñas que lo despacharon como una demolición de cuatrocientas páginas y algunas anécdotas descansan en una sola fuente—, pero su retrato de un hombre sin frenos dentro de una institución que prefería no mirar explica mejor que cualquier comunicado por qué la policía vuelve una y otra vez sobre los mismos nombres.
Y luego está la imagen. Siempre hay una imagen. La fotografía —presuntamente tomada a finales de los noventa— en la que aparecen Andrew, Epstein y Mandelson juntos, relajados, en bata, en un entorno privado. No es una prueba judicial, pero sí un símbolo devastador. Porque en los escándalos de esta naturaleza, la percepción pública pesa casi tanto como la evidencia.
Mientras tanto, las investigaciones avanzan en paralelo. Desde acusaciones de tráfico de personas hasta posibles delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones públicas. Detenciones, interrogatorios, liberaciones bajo investigación… una coreografía legal que, lejos de cerrar el caso, parece prolongarlo.
Lo más inquietante, sin embargo, es la coordinación —o la falta de ella— entre instituciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta presión renovada para obtener archivos completos? Y sobre todo: ¿qué podría aparecer en esos documentos que aún no hemos visto?
El caso Epstein nunca fue solo sobre Epstein. Fue, y sigue siendo, un espejo incómodo de las relaciones entre poder, influencia y silencio. Hoy, con nuevas investigaciones en marcha y viejos nombres de nuevo bajo escrutinio, la sensación es clara: esto no es una revisión del pasado, sino una cuenta pendiente que apenas empieza a cobrarse. Y esta vez, puede que no haya manera de contener lo que salga a la luz.
Conviene separar tres planos que en este caso se mezclan con facilidad. Lo confirmado es que varios cuerpos policiales británicos están revisando material vinculado a Epstein y que tanto Andrés como Mandelson niegan cualquier delito. Lo que no está confirmado es que Andrés compartiera información confidencial durante su etapa como enviado comercial: hoy es una línea de investigación, no una conclusión. Y la fotografía de los tres juntos, por devastadora que resulte, es un símbolo, no una prueba ante un tribunal.
Los precedentes ayudan a medir lo que ya ha ocurrido. En octubre de 2025, Andrés renunció al uso de sus títulos y, pocos días después, el Palacio de Buckingham anunció que el Rey iniciaba el proceso formal para retirarle el tratamiento de príncipe y que dejaría Royal Lodge. Mandelson, por su parte, fue destituido en septiembre de 2025 como embajador británico en Washington tras conocerse sus mensajes con Epstein. Es decir: las sanciones institucionales y políticas ya se produjeron; lo que queda abierto es la vía penal.
Cubriendo a esta familia desde Londres he aprendido una regla que vale la pena tener presente: el Palacio actúa sobre lo que controla —títulos, residencias, funciones—, pero no comenta ni interfiere en una investigación policial. Si llega una detención o una acusación formal, la anunciará la policía o la Fiscalía, no Buckingham. Hasta entonces, la pregunta honesta no es si Andrés es culpable, sino qué contienen los documentos que la policía todavía no ha visto.
