El príncipe Harry ha reactivado su reclamación de protección financiada con fondos públicos tras trasladarse a Gran Bretaña. Escribió directamente a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, para pedir una nueva evaluación de su situación, y fuentes gubernamentales confirman que el departamento estudia otra vez el expediente. La revelaciòn la hace el periódico Mirror y según sus fuentes, una voz oficial resume el argumento: se ha encargado un nuevo análisis ahora que la familia ha optado por residir aquí.
El movimiento se suma a la evaluación de riesgos que el comité RAVEC ordenó a finales de julio, cuyas conclusiones no le fueron trasladadas antes de su llegada. El duque cumplió el requisito de avisar con veintiocho días de antelación. No hay decisión sobre modificar el nivel vigente desde 2020, aunque a su entorno se le habría hecho llegar que la postura ministerial se ha suavizado y que cabría protección policial en determinados actos públicos.
El contraste con las imágenes del aterrizaje resulta llamativo. La familia llegó al aeropuerto de Birmingham en un Bombardier Global Express XRS y fue trasladada en dos Range Rover negros de 90.000 libras seguidos de una furgoneta Mercedes de 80.000 libras.
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Al frente del dispositivo figuraría David Langdown, exagente de la Policía Metropolitana que ya trabajó con él. El exjefe de protección real Dai Davies advierte de que las facturas se dispararán si el duque insiste en desplazarse así por el país.
Su equipo privado ha elaborado además un informe que sostiene que ha sido objetivo de seis complots terroristas en territorio británico, sin que conste si alguno permanece activo o resulta viable.
La familia se instala en los Cotswolds, donde los niños empiezan el colegio en septiembre, y él ha manifestado su intención de participar en los actos del Día del Recuerdo. No sería invitado al Cenotafio londinense. Vuela en jet propio y pide que la seguridad la pague el contribuyente.
