Cuando parecía que el foco de la polémica estaba centrado exclusivamente en Andrew Mountbatten-Windsor y los acuerdos que rodearon su residencia en Royal Lodge, una nueva revelación ha colocado ahora a los duques de Edimburgo bajo el microscopio público. El príncipe Eduardo y su esposa Sofía habrían obtenido ingresos gracias al subarrendamiento de una propiedad situada dentro de los terrenos de Bagshot Park, su histórica residencia en Surrey.
Según señala el Daily, parte de los antiguos establos de la finca fue alquilada al Royal Collection Trust, la organización benéfica que administra la valiosa Colección Real en nombre de la nación. Aunque el acuerdo se realizó dentro de los términos permitidos por el contrato de arrendamiento, la noticia ha despertado interrogantes sobre hasta qué punto algunos miembros de la Familia Real pueden beneficiarse económicamente de propiedades vinculadas a la Corona.
Bagshot Park, una impresionante mansión catalogada con alrededor de 120 habitaciones, fue arrendada a Eduardo en 1998 mediante un acuerdo de largo plazo. A cambio de una importante inversión inicial y posteriores trabajos de restauración, el hijo de Isabel II obtuvo derechos que le permiten subarrendar determinadas áreas de la finca y conservar los ingresos generados por esas operaciones.
El informe también pone de relieve que los establos fueron remodelados mediante una inversión considerada significativa. Se desprende de la información publicada por el Daily, que algunas de estas instalaciones llegaron a generar importantes ingresos anuales gracias a acuerdos con terceros. Lo que hasta ahora no se conocía era que una de las unidades también fue utilizada por el Royal Collection Trust durante un periodo determinado.
La revelación adquiere especial relevancia porque forma parte de un informe mucho más amplio que examina los acuerdos inmobiliarios de la monarquía británica. Ese mismo documento también expuso las controversias relacionadas con Andrew Mountbatten-Windsor y los beneficios obtenidos mediante propiedades en Windsor, además de los pagos realizados para cubrir los alquileres de las princesas Beatriz y Eugenia.
Mientras el Palacio de Buckingham insiste en que todas las operaciones se ajustan a la normativa vigente y agradece los esfuerzos en materia de transparencia, crece la presión para que los parlamentarios examinen con mayor profundidad estos acuerdos. El debate ya no gira únicamente en torno a la legalidad de las operaciones, sino también a la percepción pública de unos privilegios que muchos consideran difíciles de justificar en tiempos de creciente exigencia de rendición de cuentas.
