La transformación de la Familia Real británica impulsada por el rey Carlos III vuelve a estar bajo la lupa tras conocerse que el número de compromisos oficiales realizados por la monarquía se ha desplomado en los últimos años, coincidiendo con la estrategia de construir una institución más pequeña y selectiva.
Los miembros activos de la Casa Real llevaron a cabo 2.273 compromisos oficiales durante el último año. La cifra representa una caída espectacular frente a los 4.127 actos registrados en 2012, el período de mayor actividad durante el reinado de la fallecida reina Isabel II.
Varios factores explican este descenso. Se desprende de los datos oficiales que la reducción del número de miembros activos ha tenido un impacto significativo. La salida del príncipe Harry y Meghan Markle de sus funciones reales en 2020, así como la retirada de Andrew Mountbatten-Windsor de la vida pública, redujeron considerablemente la capacidad de representación institucional de la Corona.
A ello se suman los problemas de salud que marcaron buena parte de 2024. Tanto el rey Carlos III como la princesa de Gales debieron apartarse temporalmente de sus obligaciones mientras recibían tratamiento contra el cáncer, limitando inevitablemente su agenda pública durante varios meses.
Además, el príncipe William y Kate Middleton han adoptado un modelo diferente al de generaciones anteriores. La pareja prioriza proyectos de largo recorrido relacionados con causas sociales específicas y dedica una parte importante del año a compartir tiempo con sus hijos George, Charlotte y Louis durante las vacaciones escolares.
La edad avanzada de otros miembros veteranos de la realeza también ha contribuido a la reducción de actividades. Figuras históricas como el duque de Kent y los duques de Gloucester han disminuido progresivamente sus apariciones públicas.
Las cifras cobran especial relevancia porque coinciden con el anuncio de que la Subvención Soberana, financiada por los contribuyentes, alcanzará cerca de 100 millones de libras anuales a partir de 2027. Este escenario ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre el coste de la institución y la cantidad de trabajo público que realiza en nombre del Reino Unido.
