Hay escándalos que se disipan con el tiempo y otros que, como una grieta mal sellada, terminan por ensancharse. El caso Epstein pertenece sin duda a la segunda categoría. Y ahora, con la policía británica reabriendo líneas de investigación y exigiendo acceso total a archivos sin censura, la pregunta ya no es qué ocurrió… sino quién sabía qué, y cuándo.
Lo que en su día se intentó encapsular como un episodio incómodo pero contenido vuelve a adquirir dimensiones peligrosamente amplias. El comisario de la Policía Metropolitana, Sir Mark Rowley, ha sido inusualmente claro: se está evaluando una “amplia gama de acusaciones de índole sexual” vinculadas a Jeffrey Epstein. No es una frase menor. Es, en términos policiales, una puerta abierta a múltiples líneas de investigación que podrían escalar rápidamente.
Pero lo verdaderamente revelador no es solo el alcance de esas denuncias, sino el énfasis en algo mucho más delicado: el acceso a pruebas sin censura procedentes de Estados Unidos. En otras palabras, lo que Londres necesita no es una versión filtrada, sino el material original, íntegro, sin ediciones. Porque en ese matiz —en lo que se ha omitido o protegido— podría residir la clave de todo.
En el centro de esta red reaparecen dos figuras tan distintas como incómodamente conectadas: el príncipe Andrew y Peter Mandelson. Ambos niegan categóricamente cualquier irregularidad. Sin embargo, la insistencia de múltiples cuerpos policiales —desde Thames Valley hasta Norfolk— en revisar millones de páginas de documentos sugiere que la historia dista mucho de haber sido aclarada.
Uno de los puntos más sensibles gira en torno al posible intercambio de información confidencial. Según las líneas de investigación, Andrew, durante su etapa como enviado comercial, habría compartido comunicaciones sensibles. De confirmarse, no estaríamos únicamente ante un problema reputacional, sino ante una potencial vulneración de los protocolos más básicos del Estado.
El caso Mandelson, por su parte, añade otra capa de complejidad política. Su caída —dimisión, salida de la Cámara de los Lores y presión directa sobre Downing Street— no parece haber sido suficiente para contener el daño. Al contrario, ha alimentado la sospecha de que hubo advertencias previas que simplemente no se quisieron escuchar. Informes internos, señales de alerta, decisiones cuestionadas… todo ello compone un retrato incómodo de cómo el poder gestiona sus propios riesgos.
Y luego está la imagen. Siempre hay una imagen. La fotografía —presuntamente tomada a finales de los noventa— en la que aparecen Andrew, Epstein y Mandelson juntos, relajados, en bata, en un entorno privado. No es una prueba judicial, pero sí un símbolo devastador. Porque en los escándalos de esta naturaleza, la percepción pública pesa casi tanto como la evidencia.
Mientras tanto, las investigaciones avanzan en paralelo. Desde acusaciones de tráfico de personas hasta posibles delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones públicas. Detenciones, interrogatorios, liberaciones bajo investigación… una coreografía legal que, lejos de cerrar el caso, parece prolongarlo.
Lo más inquietante, sin embargo, es la coordinación —o la falta de ella— entre instituciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta presión renovada para obtener archivos completos? Y sobre todo: ¿qué podría aparecer en esos documentos que aún no hemos visto?
El caso Epstein nunca fue solo sobre Epstein. Fue, y sigue siendo, un espejo incómodo de las relaciones entre poder, influencia y silencio. Hoy, con nuevas investigaciones en marcha y viejos nombres de nuevo bajo escrutinio, la sensación es clara: esto no es una revisión del pasado, sino una cuenta pendiente que apenas empieza a cobrarse. Y esta vez, puede que no haya manera de contener lo que salga a la luz.
